Por Bruno Bivort Urrutia
El funcionamiento de las universidades del Estado de Chile ha estado condicionado por las particularidades de la transición chilena, que no restauró la democracia al estado de desarrollo que había alcanzado hasta la década de los 70’. En su lugar, se instaura una democracia tutelada mediante una serie de “enclaves autoritarios”, consignados en la Constitución de 1980, que continúa vigente al día de hoy, y que ha impuesto limitaciones a la convivencia democrática al interior de las universidades. Esta situación ha sido muy difícil de modificar.
Recién a partir del nuevo marco legal que rige a las universidades del Estado a contar de este año, se abre la posibilidad real de que las casas de estudio, incorporen por primera vez, en la mayoría de ellas, la participación de estudiantes y personal administrativo en su gestión. La ley 21.094 sobre las universidades estatales, publicada en junio pasado, otorga un plazo de 3 años a los planteles del Estado para reformar los estatutos que las rigen, permitiendo, a partir de la derogación del Decreto con Fuerza de Ley N°2, que estudiantes y personal administrativo pueden ejercer su derecho a voto, como lo hace, hasta ahora, sólo el estamento académico.
Este constituye un paso fundamental en la democratización de las universidades, y permite la concreción de un anhelo por largos años buscado, a través de distintas generaciones de organizaciones estudiantiles. La participación ciudadana de los distintos estamentos que componen la comunidad universitaria es un acto de justicia y un imperativo ético, que restaura derechos que las universidades habían alcanzado, tras una larga historia de acción del movimiento estudiantil.
La participación política ha decaído en todas las esferas de nuestra sociedad. Particularmente, en las universidades, hasta ahora una parte fundamental de la comunidad universitaria estaba excluida de los procesos de participación, lo que explica en parte el desinterés de la juventud universitaria por incorporarse en los escasos espacios existentes, en los cuales se integraban sin derecho a voto.
Se espera que este importante cambio permita el desarrollo de una cultura de la participación que contribuya al mejoramiento de la convivencia y a una mayor identidad de todas personas que componen las comunidades universitarias con sus respectivas universidades. Para que este cambio cultural se concrete, es necesario que los nuevos estatutos nazcan de un proceso participativo trimestral y democrático, desde su gestación, hasta su posterior tramitación y aprobación.
Es de esperar que, en los treinta meses que restan para la reforma estatutaria, las universidades sean capaces de incentivar a quienes integran su comunidad para construir, colectivamente, lo que será el marco normativo que las regulará en las próximas décadas y que debiera permitir que las universidades transitar hacia una institucionalidad moderna, una gestión eficaz e incluyente que reconozca la labor y características específicas de cada estamento que conforma la comunidad universitaria. Esto requiere el compromiso de las actuales autoridades y así como de la voluntad política de quienes componen los distintos órganos colegiados que sancionan las normativas, ya que este proceso implica traspasar y distribuir poder, y construir confianzas.
Opinión publicada www.ladiscusion.cl
